NIÑEZ JALISCIENSE EXIGE AL ESTADO GARANTÍAS DE SEGURIDAD ANTE REALIDAD VULNERABLE
El diagnóstico expone una crisis multifactorial: violencia y abuso sexual como problemas más urgentes, seguidos por crisis de salud mental, adicciones, embarazo infantil y abandono escolar.
Siete de cada diez niñas, niños y adolescentes en Jalisco expresaron una profunda desconfianza hacia su entorno, colocando la exigencia de vivir sin violencia como su prioridad más urgente.
El hallazgo, que revela una fractura en el tejido de protección que debería resguardar a la infancia, fue el resultado central de la consulta “Todos los días son de la niñez y la adolescencia”, un ejercicio ciudadano que recogió la voz de mil participantes en al menos 60 municipios, incluyendo menores desde los tres años de edad.
Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), calificó los resultados como “contundentes”, al subrayar que la seguridad se ha colocado por encima de otras necesidades básicas en la percepción de este sector poblacional.
La demanda no solo refleja el temor cotidiano, sino también un llamado directo al Estado para intervenir en una realidad que los propios menores describen como dramática, marcada por riesgos constantes que vulneran su integridad física y emocional.
Los testimonios recabados alimentarán el Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Proespinna) 2025–2030, documento rector que busca transformar la desconfianza en garantías de desarrollo.
Además de esta consulta, se integraron datos de iniciativas como “Jalisco por la Niñez”, con la participación de 747 representantes de academia, sociedad civil e instituciones públicas, así como de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, que movilizó a más de 703 mil participantes.
El diagnóstico expone una crisis multifactorial: violencia y abuso sexual como problemas más urgentes, seguidos por crisis de salud mental, adicciones, embarazo infantil y abandono escolar.
Ante este panorama, autoridades estatales han señalado que las estrategias prioritarias deberán enfocarse en fortalecer la protección institucional en los municipios y prevenir la deserción escolar. El reto es responder a un reclamo que, más que una solicitud de servicios, se ha convertido en un grito de auxilio por paz y seguridad en las comunidades jaliscienses.
El hallazgo, que revela una fractura en el tejido de protección que debería resguardar a la infancia, fue el resultado central de la consulta “Todos los días son de la niñez y la adolescencia”, un ejercicio ciudadano que recogió la voz de mil participantes en al menos 60 municipios, incluyendo menores desde los tres años de edad.
Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), calificó los resultados como “contundentes”, al subrayar que la seguridad se ha colocado por encima de otras necesidades básicas en la percepción de este sector poblacional.
La demanda no solo refleja el temor cotidiano, sino también un llamado directo al Estado para intervenir en una realidad que los propios menores describen como dramática, marcada por riesgos constantes que vulneran su integridad física y emocional.
Los testimonios recabados alimentarán el Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Proespinna) 2025–2030, documento rector que busca transformar la desconfianza en garantías de desarrollo.
Además de esta consulta, se integraron datos de iniciativas como “Jalisco por la Niñez”, con la participación de 747 representantes de academia, sociedad civil e instituciones públicas, así como de la Consulta Infantil y Juvenil 2024, que movilizó a más de 703 mil participantes.
El diagnóstico expone una crisis multifactorial: violencia y abuso sexual como problemas más urgentes, seguidos por crisis de salud mental, adicciones, embarazo infantil y abandono escolar.
Ante este panorama, autoridades estatales han señalado que las estrategias prioritarias deberán enfocarse en fortalecer la protección institucional en los municipios y prevenir la deserción escolar. El reto es responder a un reclamo que, más que una solicitud de servicios, se ha convertido en un grito de auxilio por paz y seguridad en las comunidades jaliscienses.